EL NUEVO IMPULSO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO A LA GESTACIÓN SUBROGADA

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EL NUEVO IMPULSO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO A LA GESTACIÓN SUBROGADA

• Desde las asociaciones nos parece interesante que la fiscalía entre al debate y a identificar las incongruencias jurídicas
• Poco a poco son más estructuras del Estado las que evidencian el camino de la regulación

Durante las últimas semanas, las asociaciones SNH y por la Gestación Subrogada en España hemos sufrido exposiciones agresivas en contra de la gestación subrogada con tonos insultantes y que frivolizan la paternidad y maternidad en función de un capricho humano. Nos obstante, ayer nos llegó un nuevo impulso con la presentación del Informe de la Fiscal General del Estado en el inicio del curso judicial, al cual consideramos como un espaldarazo a nuestras tesis de regulación.

Las discrepancias que la Fiscal General del estado mantiene con la Dirección General de los Registros y del Notariado en cuanto a la inscripción de los nacidos a través de este procedimiento pone de manifiesto la necesidad de regulación. Esta discrepancia surge entre el contraste de normativa: por un lado la Ley de reproducción asistida, que declara los contratos de gestación subrogada como nulos de pleno derecho, y por otro la Dirección General de Registros y Notariado, que aplica otra norma que garantiza los derechos constitucionales y la filiación de los hijos de españoles a través de una instrucción técnica.

Esta situación ha llevado a la Fiscalía General del Estado a unirse a la realidad social, e identificar esta incongruencia con la que se trata a los ciudadanos y lo hace ni más ni menos que a través de su memoria anual, donde se recogen entre otras cosas las recomendadas reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. Por ello, se identifica con claridad que esta discrepancia impide su labor coherente dentro del marco jurídico español, lo que deja entrever la necesidad de regulación de estos procedimientos para garantizar no solo la inscripción de una manera garantista y acorde a ordenamiento, sino también la adaptación de una ley que queda obsoleta por los avances sociales. No podemos obviar que también la Sociedad Española de Fertilidad, colectivo profesional independiente, al que la ley pilla de lleno, propone la regulación en su memoria anual.

Desde las asociaciones nos parece interesante que la fiscalía entre al debate y a identificar las incongruencias jurídicas que existen frente a una reivindicación social tan expuesta durante los últimos años. Cada vez son más las estructuras jurídicas y administrativas que ven la clara necesidad de regular con la finalidad de evitar libres interpretaciones de la norma alejadas del espíritu del legislador. El primero fue el Ministerio de Justicia a través de su Dirección General de Registros y del Notariado con la aprobación de la Instrucción de 5 de Octubre de 2010, siguieron las sentencias del Tribunal de Derechos humanos Europeo de 26 de Junio de 2014 (casos Mennesson y Labasse contra Francia) y de 27 de Enero de 2015 (Paradiso y Campanelli contra Italia) de obligado cumplimiento. Paralelamente, esta necesidad se ha puesto de manifiesto en una serie de resoluciones judiciales de diferentes tribunales y, muy especialmente, en el voto particular de la primera sentencia y auto del Tribunal Supremo que abordan el asunto y que instan al legislador a regular sin más demora esta técnica de reproducción asistida. Ahora se une la fiscalía General del Estado al evidenciar esta incongruencia a la que se enfrentan los ciudadanos en la aplicación de la justicia.

Nos congratula desde los colectivos afectados que poco a poco sean más las estructuras del Estado que evidencian el camino a seguir junto con nuestro Compromiso social en la reivindicación de la igualdad y la libertad de los hombres y mujeres de nuestro país.

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